Walter Alejandro, no es el personaje más prestigioso a nivel local, nacional y mucho menos internacional, pero es protagonista de su propia vida, de su propia historia y de su propia verdad.
En la plaza principal, del municipio de Facatativá aledaño a la capital, donde se encuentran las instituciones más importantes de cada pueblo, se hallaba un niño, algo lo hacía diferente, había sido víctima de la violencia sexual, problema que amenaza en expandirse y hacerse más grande día a día en nuestro país.
Walter nació en Facatativá hace once años, vivió con sus padres y sus cinco hermanos hasta un suceso que cambiaría su historia. Hace aproximadamente siete meses sus padres fueron privados de su libertad después de un allanamiento que se realizó en su lugar de residencia, una incautación de droga que dejó como responsables de aquel delito a sus padres (Walter relataba los hechos de manera un poco fría), su padre se encuentra en la cárcel del municipio y su mamá en la cárcel El Buen Pastor de la capital, él, junto a sus hermanos fueron llevados a Instituto de Bienestar Familiar pero Walter se escapó después de un tiempo; "me dijeron que me fuera y yo me fui", esas fueron sus palabras.Ahora vive en las calles, duerme en los cajeros y pide comida para sobrevivir.
El momento más difícil de nuestra conversación fue cuando me contó de manera temerosa que había sido violado en una fundación; siete hombres lo amenazaron con arma blanca, "me dijeron que si yo no me dejaba me iban a matar", afirmaba Walter con voz retraída, le pregunté por qué no buscaba ayuda y me respondió que él ya estaba "amañado" viviendo en la calle.
Según estadísticas del Instituto
de Medicina Legal, son entre
14 mil y 17 mil las denuncias
que se reportan anualmente
ante diferentes entidades
especializadas.
Por otra parte, la Asociación Afecto, que trabaja por la defensa de menores maltratados, considera que el problema es mucho más grave de lo que parece, afirman que tan solo el cinco por ciento de los casos de abuso sexual son denunciados.
El patrullero Manuel Cifuentes, a quién presentamos el caso de este menor y quien es el encargado de la seguridad del sector afirma que La Policía Nacional lleva sólo a los menores que están consumiendo productos alucinógenos y a aquellos que cometen algún delito al ICBF de la localidad, pero cuando le pregunté por este caso en particular, después de unos segundos de silencio, reafirmó, que ellos sólo se podrían hacer cargo de los menores que estuviesen cometiendo un acto ilegal.
Pero entonces, ¿dónde quedan aquellos menores que por circunstancias de la vida quedan ermitaños en un mundo que no les ofrece muchas posibilidades de supervivencia, pero los cuales no cometen ningún acto ilegal?, ¿deben efectuar alguna fechoría solo con el fin de poder logar un espacio en un lugar donde encuentren protección?: "vamos a estar más pendientes de casos como el de Walter", ese fue su compromiso.
En Colombia existen diferentes entidades que trabajan en pro de la protección a la población infantil, pero a diario se conocen diversos casos de explotación, abusos y maltratos contra los niños colombianos.
Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, son entre 14 mil y 17 mil las denuncias que se reportan anualmente ante diferentes entidades especializadas.
La Asociación Afecto es una de las entidades que trabaja por la defensa de los menores maltratados, ellos consideran que el problema es mucho más grave de lo que parece, ya que sólo se denuncia el 5 por ciento de los casos de abuso sexual que en realidad se presentan.
Por otra parte la Fundación Renacer afirma que el abuso sexual y la violación en la familia por miembros del núcleo familiar (padrastros, padres, abuelos, tíos, hermanos mayores) en la niñez (menores de 12 años en su mayoría), la complicidad de madres que con su silencio no les protegieron, la iniciación sexual temprana "consentida voluntariamente" con compañeros que dentro del esquema también las violentaron por sus consecuencias negativas (embarazos indeseados, las enfermedades de transmisión sexual y los abortos) impulsan a los niños y niñas a salir del hogar y caer en la explotación sexual.
Este abuso sexual es como un círculo vicioso que condena a sus víctimas a sufrir sus consecuencias y a reproducir sus causas. Los niños se convierten en adultos que buscan satisfacciones que se vuelven acoso, seducción y/o violación de sus hijas. Las niñas se convierten en víctimas de explotación sexual. Es así como se repite el ciclo una y otra vez.
Según un reporte presentado en la página de la organización Día Mundial Para la Prevención del Abuso Contra los Niños que se realiza el 19 de noviembre diversas actividades fueron llevadas a cabo en su conmemoración: publicaciones en periódicos, impresión de tarjetas con una campaña de sensibilización y proyectos de ley, todo esto con el fin de persuadir a la población en general sobre el gravísimo problema que la sociedad deja pasar por alto pero que nos está haciendo mucho daño.
Como declara el Instituto de Bienestar Familiar en un comunicado de prensa del 19 de abril de 2009, en La oficina de Atención al Ciudadano del ICBF se han recibido, en los tres últimos años, 348 denuncias por maltrato y explotación sexual infantil sólo en el departamento de Bolívar, en el transcurso del año pasado recibió 138 denuncias.
Casos como María José, Erika Sofía, Karen Manuel, Valentina y Katerine, que han sido asesinados en episodios de violencia sexual, maltrato y secuestro no pueden quedarse en la impunidad.
Es por eso que personajes que se interesan por este tema y desean defender a capa y espada a nuestra población infantil luchan para transformar las leyes de nuestro país, sentando un precedente, exigiendo que valoren y respeten a cada niño y niña de nuestro país.
La senadora Gilma Jiménez es una de ellas, promoviendo el referendo para la cadena perpetúa a los asesinos, violadores y explotadores de la población infantil.
Según declaraciones hechas a la revista semana “El referendo con el que pretendemos que la Constitución apruebe la prisión perpetua, más allá de la pena en sí misma, busca poder diseñar un código penal y un código de procedimiento penal especiales para los delitos contra la infancia. Estamos tratando de corregir los errores de forma y de fondo que tiene el ordenamiento jurídico actual, errores que no sólo impiden que se actúe con celeridad, sino que conducen a que la impunidad sea el rubro más alto en las estadísticas de delitos atroces contra los niños.”
Los colombianos están sentando su voz de protesta por medio de diferentes campañas como la registrada en el grupo social Facebook, apoyando la aprobación del referendo, que cuenta con la participación 33.136 miembros. Pero todavía falta apersonarnos más del tema y demostrar con hechos que nos sentimos inconformes e indignados con esta situación que nos afecta a todos.
